Los gobernadores del centralismo

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Una de las instituciones políticas que caracterizaron la concentración del poder a lo largo de nuestra historia republicana fueron las llamadas prefecturas. Por esta razón, diversos sectores políticos e institucionales saludamos y apoyamos el anuncio del presidente Alan García, cuando asumió su mandato el 28 de julio de 2006, de desaparecer esta institución y, como él mismo ofreció, cogobernar con las autoridades elegidas por la población, es decir con los alcaldes y los presidentes regionales. Lamentablemente, este compromiso no ha sido cumplido, lo cual es criticable, sobre todo porque no se trata de una promesa electoral, sino de un anuncio cuando ya era Presidente. En lugar de desaparecer esta institución, el gobierno le ha cambiado de nombre y acotado sus funciones. Hoy se denominan gobernadores, pero mantienen su rol de representantes del Presidente de la República. En agosto de este año, el Ministerio del Interior publicó el Decreto Supremo 006, en el cual daba partida de nacimiento a esta nueva denominación de las viejas y caducas prefecturas. Esta decisión fue rechazada por las autoridades regionales en la VI sesión de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la posición fue puesta en conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, quien se comprometió a revisar la medida y a dar una respuesta al planteamiento. Con la ratificación de la decisión original, mediante su inclusión en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, se da un portazo a los presidentes regionales, sin tomarse el trabajo de responderles y de informarles sobre las razones por las cuales se ha tomado esta medida, esta vez mediante una ley, es decir de una norma de mayor jerarquía. Más allá de los procedimientos, los cuales son importantes en una democracia y en el marco del proceso de reforma descentralista, son igualmente cuestionables los argumentos que sustentan la decisión. Los defensores de la norma plantean la necesidad de que el gobierno nacional haga un seguimiento y evalúe la ejecución de un conjunto de programas, los cuales son enumerados in extenso en la ley. Se busca imponer una especie de supervisores o fiscales del gobierno nacional sobre las autoridades elegidas por la población, a través de funcionarios del gobierno nacional investidos de la autoridad que les da el ser representantes del Presidente de la República. Es evidente que más allá de las buenas o malas intenciones, tienen la capacidad política de interferir en las decisiones de los presidentes regionales y, sobre todo, de los alcaldes. Además del claro tinte centralista de la propuesta, nuevamente constatamos la improvisación al momento de dar soluciones a deficiencias y problemas en el funcionamiento del Estado. Diversos enfoques sobre modernización del Estado señalan que un aspecto fundamental de una gestión eficiente y eficaz es avanzar, coordinadamente con los gobiernos regionales y locales, en el diseño e implementación de un sistema integrado de seguimiento y evaluación de la gestión pública que incorpore a los tres niveles de gobierno. La red de gobernadores que se propone no sólo no soluciona el problema de la ausencia de un sistema claro y eficiente de evaluación de la gestión, sino que lo agrava, pues éstos carecen de los mecanismos e instrumentos necesarios para desempeñar esta labor, con lo cual se impondrá la valoración subjetiva o el interés político inmediato. Algunos sectores del gobierno señalan que en cada provincia y departamento del país debe existir un representante del Presidente de la República para que esté informado de lo que allí sucede. Se trata de una visión que responde a parámetros propios del siglo XIX, en un contexto en el cual los avances de la tecnología de las comunicaciones y la información nos plantean, a todos y en particular al Estado, el desafío de buscar respuestas y propuestas mirando al siglo XXI. Si sólo se propusieran articular los diversos mecanismos de recojo de información de los que hoy dispone el gobierno nacional a lo largo y ancho del territorio, sería más que suficiente para que contaran con los datos que requieren para la toma de decisiones. Frente a esta realidad es legítimo preguntarse cuáles son las motivaciones para que el gobierno incumpla su compromiso político y persista en una figura tan desubicada en el marco de un proceso de descentralización que supone autonomía y articulación. Es evidente que con esta decisión se generará una red de militantes con presencia y capacidad de acción en todas las provincias y departamentos del país. Tema nada desdeñable si tomamos en cuenta que el 2010, como paso previo a las elecciones nacionales, se elegirán autoridades locales y regionales. Asimismo, es importante tomar en cuenta que muchas funciones de estas autoridades del gobierno central están referidas a los programas sociales, con lo cual se abre la posibilidad de dar un uso clientelista a esta red de funcionarios, que en su mayoría responderán a las orientaciones del partido de gobierno. Las autoridades locales y regionales, así como las diversas organizaciones e instituciones sociales y empresariales debemos estar atentos sobre el uso que dará el gobierno a esta estructura paralela de funcionarios en todas las provincias y regiones.