La decisión del parlamento europeo de mantener al MRTA fuera de la lista de las organizaciones terroristas ha generado una reacción del gobierno y el fujimorismo absolutamente desproporcionada, con el evidente y premeditado objetivo de desprestigiar a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Existe un amplio consenso nacional, tanto en relación con el MRTA como de Sendero Luminoso, que se trata de organizaciones terroristas, las cuales fueron las principales responsables de violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna que desataron contra la democracia, tal como lo afirma con claridad y sin medias tintas el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Por tanto, es correcto y necesario que este tipo de organizaciones sean reconocidas como lo que son en todos los foros democráticos posibles, sean éstos nacionales o internacionales. En ese sentido consideramos que es un error confundir este tema con el riesgo que existe de un endurecimiento represivo del gobierno. Por el contrario, la firmeza en ambos aspectos es la mejor forma de enfrentar esta estrategia.
Más allá de las discrepancias que podemos tener con el contenido de una carta, es inaceptable que se ataque de la forma que se está haciendo a una institución como APRODEH, la cual ha demostrado una y mil veces su compromiso con la democracia que nos arrebató en los noventa el fujimorismo y su corrupto aparato de poder. Es más inaceptable aún que se le intente vincular con el terrorismo, con el cual se ha enfrentado en diversos planos y formas, conjuntamente con el movimiento de derechos humanos y de diversos sectores de la sociedad civil. Es igualmente criticable que, aprovechando la confusión que ellos mismos han creado, el gobierno cierre los espacios para la presencia de la sociedad civil en las instituciones del Estado vinculadas a los Derechos Humanos.
La campaña macartista desatada por un sector del gobierno y el fujimorismo refleja el creciente avance de los mismos grupos de poder político y económico que impusieron o avalaron el régimen autoritario y corrupto de la década de los noventa. Esta alianza está imponiendo una estrategia orientada a criminalizar la protesta social. Para ello se busca vincular a todo movimiento que cuestiona al modelo económico imperante, con quienes fueron responsables de una guerra interna que ha dejado profundas cicatrices y heridas en la sociedad peruana, muchas de las cuales permanecen abiertas.
El creciente desprestigio del gobierno parece alimentar esta tendencia. No logran entender que el problema está en la ausencia de una política que genere condiciones para una mejor distribución de la riqueza en el país. En el marco de un crecimiento económico muy alto, es evidente que los problemas estructurales de exclusión y pobreza siguen presentes en nuestra sociedad. Casi veinte años de aplicación del modelo económico neoliberal han profundizado la desigualdad. Un gobierno que prometió al país un cambio responsable no puede extrañarse de que un amplísimo sector ciudadano lo rechace por mantener y profundizar un orden económico y social que se vuelve crecientemente insostenible y se constituye en un riesgo para la democracia.
Frente al crecimiento de las tendencias más regresivas de la derecha peruana, es fundamental crear las condiciones y el espacio necesario para que las fuerzas democráticas construyamos, más allá de nuestras lógicas diferencias políticas, un acuerdo básico para preservar y ampliar la democracia y los derechos humanos.
Algunos ejes desde los cuales se puede avanzar hacia este bloque democrático pueden ser: i) acción sostenida por la sanción, mediante un juicio justo y transparente, de Fujimori y sus cómplices; ii) enfrentamiento decidido a los remanentes de los grupos terroristas que buscan recomponer sus fuerzas y que mantienen su discurso y proyecto de guerra; iii) reparación de las víctimas civiles y militares de la guerra interna; iv) profundización de la reforma descentralista y de los mecanismos de participación ciudadana en la vigilancia y la formulación de las políticas públicas; v) implementación de los cambios necesarios para enfrentar la crisis de la representación política y de las instituciones democráticas; vi) defensa irrestricta de la libertad de información, opinión y asociación.
