El 26 de julio de este año, el Grupo Parlamentario Acción Popular – Frente Amplio, a iniciativa de la congresista Verónika Mendoza Frisch, presentó la propuesta legislativa N °2522/2012-CR, Ley que regula el Ordenamiento Territorial. Dicho proyecto de ley contó con el respaldo político de diez congresistas de la República de tres bancadas parlamentarias.
El 20 de setiembre de este año dicha propuesta normativa fue presentada en el Congreso, en el Foro denominado: “Perú rumbo al Ordenamiento Territorial” evento en el que participaron más de 300 ciudadanos, dando inicio a la campaña para impulsar la ley. La Comisión de Descentralización del Congreso de la República, presidida por el parlamentario Jorge Rimarachin se sumó a la misma que es impulsada por la Plataforma para el Ordenamiento Territorial, de la que el Grupo Propuesta Ciudadana forma parte. Como parte de la campaña se programaron audiencias en distintas regiones del país; Cajamarca, Piura, Puno y Cusco han sido ya escenarios de estas reuniones que han congregado a cientos de personas, entre autoridades, funcionarios regionales, congresistas, integrantes y dirigentes de organizaciones sociales, especialistas y ciudadanía en general.
Estos espacios de intercambio entre representantes políticos y ciudadanos y ciudadanas, además de dialogar sobre los distintos aspectos contemplados en la propuesta de ley, sirvieron para difundir el avance de las experiencias de Zonificación Ecológica Económica (EE) y Ordenamiento Territorial (OT) de las distintas regiones.
De los resultados de los distintos foros rescatamos el reconocimiento de la necesidad de avanzar en la planificación y ordenamiento del territorio para lograr una gestión y desarrollo más democráticos, descentralizados y sostenibles. No se trata únicamente de la presión creciente de las industrias extractivas que sin un marco regulatorio generan un crecimiento económico abismalmente desigual, frecuentes conflictos sociales por los atentados contra los derechos de las personas y una recentralización del Estado, además de depredación ambiental; se trata de la urgencia de una ley, pensando en las generaciones futuras, para planificar el desarrollo utilizando adecuadamente los recursos, construyendo la infraestructura y los servicios que se requieren, a fin de avanzar hacia un desarrollo más equilibrado, saludable y equitativo de las diversas regiones, en el marco de las distintas crisis que afectan al mundo: las crisis climática, alimentaria, económica y energética.
Reconociendo la importancia de la actividad minera en el país y su contribución al crecimiento económico, el consenso alcanzado es que no se puede seguir en el actual desorden y se requiere de una política de ordenamiento del territorio y de una ley que permita seguir avanzando en los procesos que están en curso. Los foros evidenciaron que el territorio continúa siendo “ordenado” de manera especulativa, irracional y autoritaria, con un Estado dedicado exclusivamente a promover inversiones, pero no a planificar ni a respetar los derechos de la población. En ellos se observó también la incertidumbre sobre los pasos necesarios para concluir la etapa de diagnóstico necesario para el ordenamiento; ahora no basta con la ZEE sino que se plantean nuevos estudios especializados sin establecer claramente procedimientos, tiempos y recursos, ampliando la discrecionalidad del Ministerio del Ambiente (MINAM) en su relación con los gobiernos descentralizados.
En los eventos realizados se reconoció la necesidad política de la rectoría del ordenamiento en manos del MINAM, que no termina de pronunciarse por la necesidad de una ley, que genera importantes tensiones y diferencias dentro del Ejecutivo. Si bien es cierto que el ordenamiento territorial exige una perspectiva integral, no es menos cierto que la carencia de un sistema de planificación reformado y fortalecido en el marco de la reforma descentralista del Estado es un elemento definitorio en esta orientación. En esta perspectiva, los foros coincidieron en la necesidad de fortalecer al Ministerio del Ambiente, entre otras cosas, para discutir la compatibilidad de los planes de ordenamiento territorial y los proyectos de “interés nacional”, así como el carácter vinculante que deben tener los primeros, elaborados con la participación decidida de los gobiernos locales y regionales bajo el principio de subsidiariedad.
Finalmente, las audiencias destacaron la apuesta por la participación de la población en las diversas etapas del proceso así como la relevancia del respeto al derecho a la consulta, tanto a los pueblos originarios o indígenas como a la población en general para la aprobación de los planes de ordenamiento. El Ordenamiento territorial plantea definitivamente la urgencia de reformas integrales en el país, pero a la vez no es la varita mágica para resolver todos los problemas que nos aquejan. Sin embargo, la aprobación de una ley de este tipo puede ayudar a que el crecimiento económico continúe, pero de una manera más racional, sostenible y democrática.
