Por Javier Azpur Azpur
La inestabilidad producida luego del destape de la corrupción en los más altos niveles y de la descomposición del sistema judicial y su subordinación al poder político abrió la oportunidad de poner en agenda urgentes cambios institucionales. Hoy estamos en una coyuntura propicia para debatir sobre los problemas estructurales de nuestro sistema judicial.
Lamentablemente, frente a las reformas encontramos una campaña de rechazo, no al contenido de las propuestas, lo cual sería legítimo en democracia, sino que tiene como único objetivo generar miedo entre la población. Se niega la reforma y el referéndum como parte de un supuesto y alucinado plan autoritario y chavista del gobierno de Martín Vizcarra.
Afirman que la propuesta de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una mentira del Gobierno, ya que no solucionará, al día siguiente del referéndum, el flagelo de la corrupción en el sistema de justicia. Obvian el reiterado señalamiento de que este es solo el primer paso de un largo proceso, que será sin duda complejo y desafiante, para superar una larga historia de corrupción e ineficacia del sistema judicial. Es bueno recordar que el copamiento de este poder del Estado fue impulsado por el fujimorismo y el alanismo cuando fueron gobierno.
La reforma constitucional significa un cambio profundo en la forma de elección de los integrantes del CNM ─que se denominará Junta Nacional de Justicia (JNJ)─, es decir de la instancia encargada de nombrar y remover a los jueces y fiscales. Se establece un sistema meritrocrático y público, que brinda más garantías para la transparencia del proceso y se podrán revisar los nombramientos hechos por el grupo mafioso que condujo durante varios años esta institución. Es difícil entender a quienes hacen un llamado a votar por el NO, pues en los hechos proponen continuar con el corrupto sistema que estuvo controlado por los Cuellos Blancos.
Estos defensores del fracasado CNM obvian que la reforma no termina en el nivel constitucional sino que incluye un conjunto de importantes proyectos de ley. Dos de ellos proponen crear una Autoridad de Integridad y Control en el Poder Judicial (PJ) y otra en el Ministerio Público (MP), con autonomía de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales. Un proyecto incorpora la transparencia en el PJ, el MP, el CNM-JNJ, el Tribunal Constitucional y la Academia de la Magistratura, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Un cuarto proyecto crea el sistema fiscal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos y delitos conexos. Estas son solo algunas de las iniciativas presentadas al Congreso, que luego de cinco meses no las debate ni las aprueba.
La voluntad de continuar con el proceso de cambios se expresa también en el proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia como una instancia que integra a los poderes del Estado y a varios componentes del sistema judicial, con el encargo de hacer seguimiento y dar continuidad al proceso de reforma. Este no es un tema menor si recordamos la experiencia del Ceriajus el 2004, el cual no pasó de ser un documento con una excelente propuesta integral, que no la aplicaron quienes gobernaron el sistema ni la impulsaron el Gobierno ni el Congreso.
Frente a la negación continuista y sin análisis serio de las propuestas, mi voto será sin duda SÍ-SÍ-SÍ-NO.
Créditos: Vicepresidencia de la Asociación Arariwa.
