Para que la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales sea justa y sostenible a nivel mundial, debe garantizar salvaguardias sociales, ambientales y de gobernanza eficaces y estipular la participación significativa de las comunidades locales, los Pueblos Indígenas y la sociedad civil de los países ricos en recursos.
Los movimientos, Pueblos Indígenas y organizaciones de la sociedad civil, sobre todos aquellos de los países ricos en recursos del Sur Global, estamos muy preocupados por la ausencia de una terminología robusta de diligencia debida y salvaguardias fuertes para el abastecimiento de materias primas dentro de la Ley de Materias Primas Fundamentales y otras normativas vinculadas a ella.
Quienes vivimos en los países ricos en recursos ya estamos sintiendo el impacto doble de la crisis climática; por un lado, debido a los efectos del propio cambio climático y, por otro, por la expansión de las infraestructuras mineras y de tecnologías renovables derivadas de los planes de descarbonización de los países ricos.
La ambición de la Unión Europea (UE) en materia de descarbonización es encomiable, pero para que sea justa y equitativa, debe atenerse al Estado de Derecho y sus leyes correspondientes deben cumplir con las normas más estrictas, entre ellas el respeto de los derechos humanos, los derechos de los Pueblos Indígenas y la protección del medio ambiente, no sólo dentro de la UE, sino también en otros países ricos en recursos, incluidas nuestras tierras y comunidades.
La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales y otras normativas vinculadas a ella, como la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, tendrán repercusiones directas en nuestra salud y bienestar, nuestras prácticas culturales, tradiciones y valores, nuestros medios de vida y nuestro medio ambiente. Con demasiada frecuencia se asesina a las personas que intentan proteger el medio ambiente del que dependemos.
Por eso, les solicitamos que adopten un enfoque para la descarbonización que esté centrado en los derechos humanos y garanticen que todos los titulares de derechos y las partes interesadas de los países ricos en recursos, no sólo los gobiernos y el sector privado, participen en el proceso de forma plena y significativa.<
En concreto, les solicitamos que establezcan las siguientes condiciones mínimas para la determinación de los proyectos estratégicos y el abastecimiento de materias primas procedentes de los países ricos en recursos:
1) Respetar los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas y atenerse a las leyes, acuerdos y normas internacionales sobre los derechos humanos y el medio ambiente, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas (ONU) sobre las Empresas y los Derechos Humanos, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el Convenio de Aarhus en su totalidad, el Acuerdo de Escazú y la Directiva de la UE sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe garantizar que las empresas cumplan con obligaciones rigurosas de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.
2) Garantizar que las asociaciones estratégicas se establezcan y funcionen de forma democrática. Las negociaciones para establecer las asociaciones estratégicas deben anunciarse de forma oportuna y los acuerdos con los países ricos en recursos deben divulgarse previo a su aprobación. La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe abordar el riesgo elevado de corrupción en el sector minero.
Seguir leyendo en Fundación Terram
