Tres hechos parecen marcar el actual contexto político: (i) las denuncias de corrupción de los principales actores políticos nacionales y su descrédito; (ii) la multiplicación de las protestas a lo largo del país; (iii) la caída de la popularidad del gobierno. Estos hechos dibujan un escenario pesimista para nuestra precaria institucionalidad y la posibilidad de impulsar reformas que permitan consolidar la democracia y alcanzar la inclusión social y un desarrollo sostenible.
El conjunto de la clase política viene siendo comprometida en gravísimas denuncias de corrupción. El ex presidente Alejandro Toledo acusado de la sospechosa compra de bienes no muy bien aclarados, pero también del financiamiento de su campaña 2011 con recursos provenientes del lavado de activos. El ex- presidente Alan García, comprometido con los denominados “narco-indultos”, entre otras acusaciones provenientes de la Megacomisión, que por primera vez lo tienen asustado. El origen de los fondos con que se mantiene la ex candidata presidencial del fujimorismo Keiko Fujimori, además de la situación de la vivienda que habita, la pusieron también a la defensiva. Las denuncias que existen sobre el uso de fondos públicos por congresistas nacionalistas así como el financiamiento de las actividades de la Primera Dama, Nadine Heredia, afectan al partido de gobierno. Finalmente, hasta el líder de Alianza por el Progreso, César Acuña, parece contar con sus propios audios.
Las denuncias no sólo cuestionan a los personajes aludidos y a sus organizaciones políticas, tan dependientes del carisma de sus líderes, lo que es más importante, desacreditan la posibilidad de un desarrollo institucional con políticos y partidos creíbles, capaces de revertir el descrédito de la política y las instituciones. Más grave aún, contribuyen a una mayor pérdida de credibilidad de la propia democracia en la medida en que los actores acusados son percibidos como entregados a sus intereses particulares y de quienes los puedan corromper, tanto con dineros de oscura procedencia, como a través del uso privado de los recursos de todos los peruanos. Como es obvio, los cuestionamientos alcanzan al Parlamento que no parece capaz de fiscalizarlos y al Poder Judicial que no se cree pueda juzgarlos en la medida en que sus intereses estarían imbricados.
En este escenario, la incapacidad congresal, pero especialmente su vergonzoso estilo de negociación evidenciado en el largamente postergado proceso de designación de los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Directorio del Banco Central de Reserva, muestran una vez más la orfandad de nuestra clase política, además de hacerles un daño significativo a las tres instituciones, al proponer candidatos con fuertes cuestionamientos para cumplir el encargo que se les pretende dar. Así las cosas, pareciera que no es posible que sea de otra manera, con el tipo mayoritario de parlamentarios, de partidos y de líderes políticos que tenemos en el país.
Las crecientes movilizaciones que empiezan a darse a lo largo del país, además de reflejar el rechazo a determinadas medidas o políticas, independientemente de la opinión que tengamos de ellas, muestran en primer lugar el crecimiento del descontento que hay con el actual gobierno, que ha visto la caída constante de su aprobación; de 51% a 32% en los últimos seis meses, según IPSOS Apoyo. El rechazo de los trabajadores estatales a la ley del trabajador público, considerada por las organizaciones sindicales como una nueva forma de flexibilización laboral o la discusión en el Parlamento de una nueva ley universitaria, que los estudiantes rechazan por percibirla como “privatista”, más allá de la justeza o no de tales juicios, evidencian la incapacidad persistente de establecer de manera democrática un diálogo que involucre a los diversos actores que son parte inevitable de estas reformas, necesarias y urgentes, pero formuladas con severas limitaciones en su contenido.
Distintos analistas ligados a las encuestadoras tratan de explicar este acelerado descenso como producto de los “devaneos populistas” del gobierno y la incertidumbre que generaba la aparente indefinición de la pareja presidencial respecto de la posible candidatura de la Primera Dama, aspectos ambos que alarmaban a los principales sectores empresariales. Tales interpretaciones que en realidad reflejan la presión de los grupos de poder económico, no pueden esconder lo que dicen las mismas encuestas, -el 62% de los entrevistados por la empresa citada, justifica su respuesta porque el Presidente no cumple lo que promete/es mentiroso-que es una manera de cuestionar la falta de rumbo del gobierno, la persistencia del abuso de poder y de las desigualdades, la inseguridad y la corrupción, y por tanto la ausencia de las grandes reformas ofrecidas que hagan percibir a la población que vamos hacia alguna dirección distinta a la que tenemos hoy.
