En las últimas semanas ha causado sorpresa la negativa del gobierno de publicar la Base de Datos de los pueblos indígenas y su decisión de esperar que sea la comunidad que se considere afectada por un proyecto de inversión la que solicite el reconocimiento. En otras palabras, iniciar el proceso “a pedido de parte” y atenderlo “caso por caso”.
Este hecho influyó sin duda en la renuncia del viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra quien no habría soportado las pugnas dentro del gobierno, por las diferentes posturas respecto a la Base de Datos, expresamente relacionadas a la “exclusión de las comunidades campesinas andinas del registro”, luego que el presidente Ollanta Humala dejara entrever que la consulta es un derecho solo de las comunidades nativas (de la Amazonía). Hay que recordar que La Negra opinó a favor de una eventual consulta en el caso de Cañaris, siendo corregido por el ministro de Energía y Minas.
Luis Peirano, ministro de Cultura, justificó la omisión de la publicación del registro alegando que “la base de datos crearía confusión y expectativas innecesarias” y que la política del gobierno y del Ejecutivo era la de “no poner obstáculos e impedimentos a la inversión” y “trabajar a partir de pedidos”. El premier Juan Jiménez por su parte, indicó que iban a “destrabar” 14 proyectos mineros que se hallan en fase de exploración, ubicados en la sierra peruana y que por allí no pasaría la consulta previa.
Todos saben que la aplicación de la consulta ha sido y es una lucha de las organizaciones y más aún de los propios pueblos indígenas, que buscan el reconocimiento efectivo de sus derechos humanos en relación a los territorios que ocupan y que sustentan sus medios de vida. Con frecuencias dichos derechos son afectados por la extracción de los recursos no renovables acarreando impactos negativos y no han visto llegar el desarrollo a sus territorios.
El reglamento de la Ley de Consulta Previa, publicado en abril del 2012, no solo consideraba la elaboración de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas del Perú, sino que además precisaba que ésta debe ser de “acceso público”. No publicarla y dejar que las comunidades indígenas se autovaliden es no respetar los derechos ciudadanos y relativizar el convenio 169 de la OIT. Las marchas y contramarchas del gobierno en esta materia contribuyen a generar mayor desconfianza, especialmente entre las comunidades campesinas del ande, en cuyos territorios se asientan muchos proyectos mineros.
Nadie discute que la actividad minera juega un rol importante en la economía del país, sin embargo, como dice bien el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, “tenemos que promover inversiones que sean sostenibles” y añadiríamos, “social y ambientalmente sostenibles”. La consulta previa en lugar de ser vista como contrapuesta a la inversión debería ser tomada como un mecanismo que bien implementado contribuye a la gobernanza de los recursos naturales.
Es obvio entonces que para implementar la consulta previa se requiere de voluntad política al más alto nivel. Lamentablemente, el gobierno ha cedido a la campaña de presión y desinformación de un sector del empresariado que con el pretexto de la desaceleración de las inversiones, buscan dejar sin efecto la aplicación de la ley de consulta. Consideramos que la tarea ahora es que cada sector identifique los proyectos de inversión públicos o privados, con la idea de desarrollar la consulta allí donde corresponde. El MINEM ya priorizó 47 proyectos por 54,834 millones de dólares, siendo indispensable conocer “a quién se hará la consulta”. Los pueblos indígenas están a la espera de su implementación y el Estado se equivocaría una vez más si su mensaje final es “el que no llora, no mama”.
DATO:
El presidente Ollanta Humala anunció el viernes 24 de mayo un paquete de medidas para promover la inversión privada y buscar mantener el crecimiento de la economía. A continuación transcribimos lo que comentó respecto a la consulta previa (publicado en diario Gestión 28-05-2013).
«Esta ley debe ser tomada como un instrumento que permite legitimar una inversión y no debe verse como un obstáculo. Lo que sí queremos es mantener un equilibrio frente a la presión de determinadas ONG que veían en esta ley un mecanismo de poder frente al Estado, frente a las empresas y de poder frente a los cooperantes extranjeros para pedirles más plata. Nosotros tenemos que resguardar el bien público y lo que hemos hecho es justamente establecer claramente que la ley no es vinculante».
«Además de respetar los derechos que tiene todo ser humano o un comunidad indígena, se debe tener en cuenta que en este tema no hay una lista o data para cada zona, sino que se estudiará y analizará determinado territorio y se definirá qué tipo de comunidad hay allí, pero siempre tomando en cuenta que el recursos que está en el subsuelo es de propiedad del Estado y que eso nos pertenece a todos y que parte de la superficie es propiedad de las comunidades».
